En los últimos años el sector de ciencia y tecnología ha experimentado grandes cambios, se ha expandido fuertemente y sus actividades han cobrado relevancia en el discurso político. En este contexto, nos constituimos como grupo para analizar los procesos que comenzaron en 2003 y proponer líneas de trabajo que articulen ciencia, tecnología y política. Iniciamos nuestra actividad pública con la difusión del presente documento base.
De dónde venimos. La década de los ‘90
Uno de los rasgos fundamentales de la década de los ’90 fue el achicamiento en la esfera de intervención del Estado. Las políticas neoliberales desplegadas en la mayoría de los países latinoamericanos tendieron a cerrar, disminuir o privatizar todo aquello que pudiera ser visto como un gasto para el Estado. Esto redundó en el desmantelamiento del sector público y la pérdida de presencia del Estado en áreas estratégicas para el desarrollo social y económico del país. Paralelamente tuvo lugar un profundo proceso de desindustrialización, de destrucción de las pequeñas y medianas empresas, y de debilitamiento del sector productivo en general. Estas políticas se enmarcaron en las orientaciones generales del programa económico propuesto por el Consenso de Washington, caracterizado por una tendencia a la liberalización de la economía y la desregulación de los mercados. Todo este esquema ideológico pudo instalarse porque un nuevo orden político-económico se imponía en todo el mundo, y nuevas democracias formales aparecían tras la caída de la Unión Soviética. En este contexto, los Estados Unidos se afianzan como única potencia mundial y el capitalismo neoliberal como su doctrina económica global. A nivel internacional, Argentina no estuvo ausente en este proceso, se alineó con la hegemonía del norte en política exterior y adoptó los paquetes económicos requeridos desde allí, cuyo resultado fue la extranjerización y el desmembramiento de la economía, la concentración económica y la constitución de alianzas con grandes grupos económicos ligados al capital financiero internacional.
Las instituciones científicas no estuvieron aisladas del conjunto de políticas de corte neoliberal que fueron implementadas en el país durante los ’90. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) vio su financiamiento seriamente disminuido, lo que llevó a la institución a destinar la casi totalidad de sus recursos financieros al pago de los sueldos del personal, quedando así casi sin recursos para la investigación. El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) redujo su personal a la mitad en menos de 10 años, y buscó paliar la falta de recursos financieros proveyendo servicios a empresas. En materia de tecnología nuclear, se desmembró la Comisión Nacional de Energía Atómica en tres organismos, en un intento por privatizar la producción de nucleo-electricidad y se canceló la construcción de Atucha II. El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) prácticamente cerró el ingreso de nuevos investigadores y disminuyó ostensiblemente el número de becas; como resultado de ello, la pirámide de investigadores envejeció considerablemente. En este contexto, comenzó a instalarse una ideología según la cual los organismos públicos de CyT y las universidades nacionales debían “diversificar sus fuentes de financiamiento” y ofrecer servicios al mercado. Esto, que podría interpretarse como una forma de acercar la oferta de conocimientos a las demandas sociales, en muchos casos no fue sino un eufemismo para justificar un fuerte recorte presupuestario.
La disminución de funciones asignadas al Estado en este nuevo marco político-económico impactó fuertemente en el sector productivo estatal. Empresas públicas estratégicas (por ejemplo YPF, ENTEL, SEGBA, Gas del Estado, Aerolíneas y Ferrocarriles Argentinos) que contaban con laboratorios industriales, podían demandar conocimientos, generar innovaciones y constituir una salida profesional a científicos y técnicos universitarios, fueron privatizadas y desnacionalizadas.
La lógica del momento no sólo atentaba contra la generación de conocimiento, y el sistema educativo sufrió su parte del embate. En este contexto se sancionaron la Ley de Federal de Educación y la Ley de Educación Superior, se efectivizó la transferencia sin fondos de las escuelas a las provincias, se produjo el desmantelamiento de la educación técnica y se instaló la premisa de la educación como un gasto para el Estado y un bien de consumo para el público. La pauperización del sistema educativo y las amenazas de recortes y arancelamientos estaban a la orden del día, por ahogo presupuestario y congelamiento de sueldos docentes.
Durante la segunda parte de la década de 1990 se realizaron modificaciones organizativas al sistema nacional de ciencia y tecnología, entre las cuales se destaca la creación en 1997 de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT). Si bien la Agencia permitió ampliar la base de investigadores subsidiados a aquellos que no pertenecían al CONICET y estuvo caracterizada por una gestión más moderna y eficiente, sus criterios fueron igualmente objetados por endogámicos y generaron un fuerte malestar en la comunidad científica. Por otra parte, esta nueva institución instrumentó políticas de carácter “horizontal”, las cuales suponen el abandono por parte del Estado del rol de planificación estratégica del desarrollo y de definición de áreas prioritarias de I+D.
En sintonía con esto, se desplegó un discurso desde el gobierno que señalaba a las actividades científico-tecnológicas como un gasto inútil y molesto, discurso que quedó representado en una frase que pronunció Cavallo en 1994, cuando mandó a los investigadores “a lavar los platos”. En este contexto, la matrícula de las carreras científico-técnicas se deprimió, en sintonía con la imagen de un científico partiendo de Ezeiza sin pasaje de vuelta o de un ingeniero manejando un taxi.
La etapa actual
La década neoliberal en la Argentina vio su colapso con la crisis del 2001. Pero el contexto internacional también cambió: después de una expansión sin precedentes, el capitalismo financiero a nivel mundial entró en crisis, signado por la quiebra de grandes bancos y empresas multinacionales. Estados Unidos sigue conservando su poderío económico y militar, pero el sistema internacional se va perfilando hacia un multipolarismo en el que otras unidades estatales van tomando protagonismo, como la Unión Europea, Rusia, China, India y Brasil. En dicho escenario, la presencia de América Latina en el concierto de naciones va tomando nueva relevancia pues diferentes gobiernos latinoamericanos han implementado un viraje a la izquierda, cada uno con sus particulares características pero compartiendo una raigambre popular y una apuesta a la integración regional.
En concordancia con la política regional latinoamericana, los grandes lineamientos de este proyecto político iniciado en 2003, se caracterizaron por la presencia creciente del Estado. En materia de economía, ello implicó capturar rentas extraordinarias y redirigir los mecanismos de financiamiento (retenciones móviles al petróleo en 2007 y el intento de su aplicación al sector agropecuario en 2008, estatización de las AFJP, reforma de la carta orgánica del Banco Central, etc.), pero también se evidenció en medidas tendientes a la distribución de recursos y a la democratización de distintos aspectos de la vida social (Ley de Medios, matrimonio igualitario, TV Digital Abierta, Argentina Conectada, Conectar Igualdad, fútbol y otros deportes “para todos”, Asignación Universal por Hijo, nuevas jubilaciones para millones de argentinos que no habían podido realizar aportes, estatización de empresas de servicios, etc.). Además, la AFIP y el Banco Central, junto a otros organismos, fueron tomando un rol cada vez más protagónico a la hora de controlar y limitar el movimiento y fuga de capitales golondrina y la especulación financiera. Estas políticas se han dirigido a fortalecer la industria nacional y crear empleo e inclusión. Como resultado, desde el 2003 al presente se generaron más de 5 millones de puestos de trabajo y 170 mil nuevas PyMes.
Otro aspecto de la reinserción del Estado en la economía nacional fue la recuperación de empresas de carácter estratégico. Por un lado, la nacionalización de Aerolíneas Argentinas en 2008 puso fin a un proceso de desinversión y desguazamiento de la empresa por parte de los administradores privados, evitó el quebranto de la línea de bandera y redireccionó la política de la empresa, posicionando a la misma como base para un proceso de integración regional, impulsando nuevos destinos y rutas dentro del territorio nacional. Estas directivas fueron acompañadas con un fuerte proceso de inversión, como así también complementadas por diferentes iniciativas que apuntan al fortalecimiento de la industria aeronáutica. El otro hecho, más reciente, ha sido la expropiación de la mayoría accionaria de YPF. Luego de un período donde la estrategia de la controlante Repsol fue simplemente la explotación de las reservas establecidas, sin procesos de reinversión y exploración para el mantenimiento de las mismas (lo cual derivó en que Argentina deba importar combustibles), finalmente se produce la nacionalización del 51% de las acciones de YPF, transformándose, junto a la recuperación de los fondos jubilatorios, en una de las medidas de carácter estructural más importante de este período. La recuperación de YPF no sólo se establece como trascendental a partir de la soberanía energética que implica controlar la principal empresa petrolera del país, sino también debido a las externalidades positivas que pueda generar al sector productivo (proveedores locales), a los usuarios, así como al sistema de ciencia y tecnología (a partir de la recuperación de laboratorios y de desarrollos tecnológicos locales).
Dentro de esa revalorización del rol del Estado, la ciencia y la tecnología se constituyeron como un sector estratégico de este proyecto político. Si bien públicamente se percibió un salto cualitativo con la creación en diciembre de 2007 del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, las instituciones científicas habían comenzado a recuperarse ya desde 2003. Ese año se puso en marcha el Programa Raíces, destinado a repatriar y revincular a los científicos radicados en el exterior, comenzando a revertir así un largo proceso de éxodo de investigadores. Por su parte, el CONICET, que durante años no había incorporado investigadores a su carrera, abrió nuevas convocatorias de modo de ampliar el número y revertir el progresivo envejecimiento que había sufrido su plantel. Se pasó de 3677 investigadores en 2003 a 6939 en 2011 (88,7% de aumento), y la proporción de investigadores jóvenes (asistentes) pasó de 12,7% del total en 2003 a 27,6% en 2011. Las becas del CONICET también aumentaron en forma exponencial: de las 1486 vigentes en 2003, fueron llevadas a 8801 en 2011, con un porcentaje de aumento del 492%. El INTA recuperó su rol estratégico acompañando los procesos de innovación ligados al agro, apoyando el desarrollo de nuevas tecnologías y a la agroindustria, con programas que abarcan desde la agricultura familiar hasta los grandes volúmenes para exportación. El presupuesto de la institución pasó de 100 millones de pesos en 2002 a unos 1600 millones de pesos en 2012. Se recuperó a su vez la posibilidad de planificación del Estado en el sector de investigación agropecuaria, a través del Plan Estratégico Institucional del INTA (2005-2015). Se crearon nuevas instituciones, como la Fundación Sadosky (destinada a mejorar la competitividad del sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones), y se estimuló la articulación de los actores vinculados a la ciencia y la tecnología mediante la creación de polos tecnológicos y convenios diversos. Por su parte, el INTI comenzó a desvincularse del perfil que había adoptado en los ´90 –de mero prestador de servicios para la gran industria– y desarrolló también tecnologías propias para diversas escalas. El sector nuclear, que se había orientado en los ‘90 solamente a la exportación de tecnología de punta, volvió a ocupar un lugar estratégico en la generación de energía para la población argentina. En 2006 se lanzó un nuevo plan nuclear, que incluyó la finalización de la Central Atucha II, avances en el desarrollo de una central nuclear para pequeñas poblaciones denominada CAREM, y la reactivación de los procesos de enriquecimiento de uranio en Pilcaniyeu y de agua pesada en Arroyito. Por su parte, el sector espacial sigue desarrollándose en colaboración con las agencias más prestigiosas del mundo. La coordinación institucional sigue siendo una materia difícil, pero eso no ha impedido la generación en estos últimos años de tres planes globales para el sector científico tecnológico: las Bases para un Plan de Mediano Plazo en CTI (2005-2015), el Plan Bicentenario (2006-2010) y el reciente Plan Nacional de CTI (2012-2015).
El crecimiento cuantitativo del sector se vio acompañado de políticas destinadas a direccionar, al menos en parte, los fondos asignados. Así el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva declaró áreas prioritarias de investigación las relacionadas con la biotecnología, la nanotecnología y el desarrollo de software; y el CONICET está avanzando en la constitución de un perfil de investigador orientado a la producción tecnológica. De esta manera, el Estado Nacional, a través de las instituciones científicas y tecnológicas, direcciona parte de los recursos del sector privilegiando áreas estratégicas para el desarrollo nacional.
En ese sentido, el impulso dado a los esfuerzos de innovación tecnológica se dirige a agregar valor a la industria local, lo que permitiría desarrollar y diferenciar dicha industria, a la vez que obtener recursos para destinar a una mayor equidad social. En ese marco, recientemente se han hecho públicos una serie de desarrollos científico-tecnológicos que podrían ser utilizados localmente, patentados o exportados, tales como la obtención de una vaca clonada con capacidad para producir leche maternizada, el patentamiento en diversos países de un gen desarrollado localmente que permite cultivos con tolerancia a sequía y alto rendimiento, la producción de chips para la industria microelectrónica, el desarrollo de radares 3D, emprendimientos satelitales como el SAC-D/Acquarius (que brinda información valiosísima para las actividades agropecuarias y para estudiar problemas globales como la salinidad de los océanos) y proyectos como el lanzador Tronador, que retoma la larga tradición argentina en cohetería.
Junto con la ciencia y la tecnología, este proyecto político volvió a poner a la educación como eje central de las políticas de Estado. Desde el Ministerio de Educación se elaboraron contenidos mínimos a nivel nacional y en ese marco se lanzaron varios planes para llevar la ciencia al aula. En el año 2006 se revirtió la Ley Federal de Educación heredada del menemismo y se la reemplazó por la Ley de Educación Nacional, que supone un rechazo a las ideas mercantilizantes de la educación. A pesar de que varios proyectos plantean su modificación, una nueva Ley de Educación Superior sigue pendiente. Sin embargo, sus mayores peligros, a saber, el arancelamiento, la restricción del ingreso y la pauperización de las carreras, se desarticularon en la práctica. El presupuesto educativo sufrió un importante incremento, pasando de menos del 2% del PBI a más del 6%, cambio que se vio reflejado en diversas obras de infraestructura y equipamiento que contribuyeron a sacar a las universidades de su ahogo. Se revirtió el estado de precarización que durante los ‘90 mantenía a 9 de cada 10 docentes bajo la línea de pobreza. Esto debe sumarse a políticas como la Asignación Universal por Hijo, que llevó a más chicos a las aulas; o al programa Conectar Igualdad, que entrega una netbook a cada alumno de escuela secundaria pública, lo que permite un acceso más equitativo al conocimiento, en especial por parte de los sectores más vulnerables. En esta línea hay que destacar no sólo la inauguración de más de 1000 escuelas en todo el país, sino también las 9 universidades públicas creadas desde 2003, algunas de las cuales tienen una matrícula compuesta en un 90% por primera generación de universitarios. Es decir, hay numerosas familias que gracias a las políticas actuales están accediendo por primera vez en su historia a la universidad.
Por otra parte, en los últimos tiempos se dispuso de una serie de medidas tendientes a atraer a los más jóvenes especialmente hacia carreras científicas e ingenierías, a través de becas y estímulos diversos. Es así que en el año 2011 se llevó a cabo por primera vez la feria Tecnópolis, y luego se lanzó el canal público Tecnópolis-TV. Ambas iniciativas se encuentran destinadas a mostrar masivamente los logros y las potencialidades de las actividades científicas y tecnológicas, a la vez que buscan evidenciar la relación de las mismas con el desarrollo del país y la mejora de la calidad de vida. Además, están principalmente dirigidas a un público joven, con el objetivo de incentivar las vocaciones científicas y tecnológicas, de manera de contribuir al aumento progresivo de la matrícula de carreras afines y, por ende, de la base de recursos humanos necesarios. En este sentido, estas medidas contrastan notablemente con la imagen que en la década de 1990 se construyó sobre la ciencia, a la que se mostró como algo prescindible, que no brindaba un futuro ni al país ni a los que tenían vocación por ella.
Algunas reflexiones sobre el futuro del sistema científico-tecnológico
El Plan Estratégico 2012-2015 del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MinCyT) marca un punto de inflexión en la historia del sistema científico-tecnológico argentino. Después de décadas de laissez-faire, el Estado recobra protagonismo y comienza a marcar fuertemente una dirección para la ciencia y la tecnología, alineándolas con los objetivos del país. Estas medidas de orientación de la investigación, que venían perfilándose ya desde la elaboración de las Bases para un Plan de Mediano Plazo en CTI en 2003, cobran un papel central en el nuevo plan. Vemos como muy positiva esta medida, así como el proceso de consultas bajo el que dicho documento se elaboró, y esperamos que ayude a remediar algunos vicios que todavía persisten en nuestro sistema científico.
En el corto plazo, todavía hay camino por andar cuando no podemos poner en funcionamiento la Ley de Producción Pública de Medicamentos, y la política de ampliación de derechos no llega aún a los becarios del sistema científico, que en algunos casos ven dificultado su acceso a licencias por maternidad, obra social, aguinaldo, aportes jubilatorios y otros derechos laborales que no deberían estar ausentes a pesar del carácter temporal de las becas. También debemos revisar la lógica de parte del sistema, según la cual si los científicos no logran convencer a los organismos de financiamiento de que el tema en el que quieren trabajar amerita fondos, se da la paradójica situación del científico con la obligación de trabajar pero sin los fondos para hacerlo, ya que en muchos casos el empleador sólo se encarga de los sueldos, pero no de insumos, delegando la responsabilidad de conseguir éstos en el propio científico.
Más a fondo, no hay desarrollo social sin dirección política desde el Estado, y la ciencia y la tecnología no son la excepción. Debe ser un Estado presente, soberano y concentrado en las necesidades del pueblo el que fije las prioridades del sistema científico-tecnológico, y no las revistas académicas que están de moda en el hemisferio norte. En un país donde todavía un 7% de nuestros compatriotas no encuentra trabajo, donde todavía queda pobreza y exclusión, creemos que es imperativo de la ciencia y la tecnología contribuir al desarrollo económico y la inclusión social, que todavía, a 10 años del quiebre de 2001, siguen siendo la urgencia de una patria solidaria.
El Estado, mediante un proceso abierto, democrático, y transparente, donde prime una mirada política, debería decidir en qué áreas de investigación invertir el dinero del pueblo. Muchas veces se tilda a la direccionalidad en ciencia de antidemocrática, pero no debemos caer en los fantasmas agitados por quienes desean los fondos del pueblo pero no su control. Debemos entender que aunque las áreas de investigación sean decididas por las distintas instancias de representación popular, esta decisión siempre debe involucrar un proceso amplio de consulta a la comunidad, como se hizo para la elaboración de la Ley de Medios, o del mismo Plan Estratégico del MinCyT.
Direccionalidad no implica que se cierren las posibilidades para la ciencia básica o para las líneas de investigación que surjan de la comunidad científica misma. Siempre habrá una cuota de financiamiento para estas iniciativas porque hay temas que cobran una relevancia transformadora de tal magnitud que nuestro país no puede darse el lujo de no tener especialistas en ellos. Esos especialistas sólo se forman a través de un proceso largo que comienza cuando el tema es embrionario y apostar a él constituye un mayor riesgo. Por lo tanto, la planificación de la asignación de fondos también debe hacer lugar a proyectos de mayor riesgo científico o menor posibilidad de impacto social inmediato, propuestos por los propios científicos o tecnólogos. Debe entenderse que la direccionalidad en ciencia y tecnología no excluye sino que por el contrario, requiere, de investigaciones en áreas sociales, humanísticas y culturales.
El direccionamiento de la ciencia y la tecnología debe ser un proceso pensado para la inclusión y realizado con criterios de inclusión. Es fundamental valorar a los recursos humanos, no caer en la lógica de que las personas son descartables, y por ende no ignorar esta problemática a la hora de poner en marcha los mecanismos de direccionamiento.
Cuando hablamos de poner la ciencia y la tecnología al servicio de los intereses del pueblo, el CONICET y las universidades deben asumir su cuota de responsabilidad, y contemplar en sus propios mecanismos de evaluación métricas que dejen de lado la cuenta de artículos para alinearse con las prioridades de un país que necesita que sus profesionales aporten su capital intelectual para resolver problemáticas propias.
El direccionamiento debe entenderse como parte de una lógica de planificación de los recursos. En ese sentido, una planificación adecuada de la ciencia y la tecnología debe iniciarse desde la propia formación de los recursos humanos, lo cual evita formar jóvenes científicos a los que luego no se sabe qué destino otorgarles. De modo que el estímulo a determinadas carreras de grado, las becas de organismos de CyT y los programas de doctorado de las universidades, deben tener algún grado de articulación entre sí y de relación con las áreas de desarrollo científico y tecnológico que se quiere priorizar.
Cuando hablamos de desarrollo económico, como decíamos antes, hablamos de desarrollo económico inclusivo y la sustentabilidad en el manejo de los recursos naturales es condición sine qua non para la inclusión. Creemos que el desarrollo de unos no puede ser a costa de la muerte y contaminación de otros, y que en este sentido ciencia y tecnología tienen mucho para aportar, encontrando mecanismos económicamente viables para que el manejo responsable de los recursos naturales pueda contribuir a motorizar la economía.
El Estado debe ser motor del desarrollo, tanto desde la aplicación de políticas, como en su rol de gestor de las empresas de servicios públicos (aquéllas que por su función estratégica no pueden quedar sujetas a los caprichos del capital), debe ser generador y demandante de innovación, favoreciendo la creación de ecosistemas productivos públicos-privados de alto valor agregado, que a su vez demanden recursos humanos altamente calificados tanto para sus tareas de investigación como de gestión. Y este desarrollo también debe darse puertas adentro del Estado: está pendiente un mecanismo para que los recursos humanos altamente capacitados que se forman en el país puedan contribuir a la gestión pública.
A modo de cierre
No creemos que la ciencia y la tecnología generen bienestar per se. Pero sí pueden transformar la lógica de producción agregando valor mediante innovaciones, y los recursos que así se generen pueden ser apropiados por el Estado para contribuir a una mayor inclusión social. De ese modo, la ciencia y la tecnología pueden hacer algo más que aportar conocimientos originales y resolver problemas puntuales: pueden contribuir a dar un salto cualitativo al desarrollo económico en un proyecto de igualdad social.
Nosotros, militantes del proyecto nacional y popular, sostenemos enfáticamente que el proceso político abierto por Néstor Kirchner, y luego continuado por Cristina, inauguró una nueva etapa de debate y participación ciudadana, en la cual el sector de la ciencia y la tecnología del país no puede sino involucrarse: por eso, Ciencia, Tecnología y Política por el Proyecto Nacional y Popular llama a todos aquellos militantes comprometidos con una patria más justa, libre, soberana y con equidad a que tomemos la bandera esgrimida por nuestra compañera presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que consiste en que la ciencia y la tecnología estén al servicio de la construcción del país que todos soñamos, y para 40 millones de argentinos. No hay ciencia sin científicos, no hay tecnología sin tecnólogos: pero sin una participación clara del Estado, sin la intervención política, no hay un horizonte en el cual poner nuestra mirada. Ese es nuestro rumbo. Aportaremos desde nuestro lugar, con una visión optimista, crítica, pero sobre todo política, sobre una de las variables de poder que los países en el siglo XXI ya no pueden desconocer, y que le da el nombre a nuestro grupo.
Grupo Ciencia, Tecnología y Política
por el Proyecto Nacional y Popular
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